Personas

Niños wayuú siguen muriendo por desnutrición y falta de agua en La Guajira – Otras Ciudades – Colombia



En 2020 se han registrado 28 muertes de niños wayuú en medio de la hambruna y la falta de agua.

La veeduría ciudadana que realiza seguimiento a la sentencia que ampara los derechos de los pequeños wayuu de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia pide al Tribunal Superior no conceder más plazos y declarar el desacato urgente. También solicitan a la Corte Constitucional seguimiento judicial a la sentencia dado que las acciones del Tribunal son precarias y la hambruna sigue matando niños.

Para la veeduría es inaceptable que han pasado 22 meses de procedimientos y  prórrogas solicitadas por el Gobierno y concedidas por el Tribunal para la presentación de un plan de acción sin resultados.

Éste debe ser articulado por el Gobierno Nacional con 25 instituciones accionadas por la orden judicial, con el fin de superar la constante, generalizada y sistemática violación de los derechos fundamentales al agua, la salud, la alimentación y la participación de los recursos por parte de los menores.

Sostiene la veeduría que el no cumplimiento de las 10 sentencias previas a esta y el incumplimiento de medidas cautelares generadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en el 2015, tienen un costo tangible que se mide en vidas perdidas de niños y niñas por causas de enfermedades asociadas a la desnutrición.

(Además, lo invitamos a leer: Nativos de Playa Blanca retan al alcalde Dau y dicen que abrirán) 

Piden mayor protección a los niños de La Guajira

Hay un total de 63 menores muertos en entre 2017 y 2020 por desnutrición.

Actualmente la mortalidad infantil en el departamento está cinco veces por encima de la media nacional. Recientemente el ICBF reportó 784 menores con desnutrición aguda.

“No solo hay una mortalidad infantil alta. Además hay una desnutrición aguda alta y esto afecta de manera implacable el desarrollo y bienestar de los niños, las personas, las regiones y los pueblos”, sostuvo Chaparro.

Lo más grave, es que los mandatos de la Sentencia T-302 del 2017 no fueron incluidos de manera clara e integral en los planes de desarrollo territoriales, salvo Manaure que incluyó algunos temas. Sin planes, programas, proyectos y presupuestos será muy difícil superar el estado de cosas inconstitucionales.

(También lo invitamos a leer: Gregorio Herrera, el hombre que hizo de La Vitrola un ícono)

No solo hay una mortalidad infantil alta. Además hay una desnutrición aguda alta y esto afecta de manera implacable el desarrollo y bienestar de los niños, las personas, las regiones y los pueblos

“La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han estado atentas al cumplimiento de esta sentencia, presentando informes y levantando alarmas que no son vinculantes, mientras el Tribunal de Riohacha continúe otorgando prorrogas, no se les puede acusar de incumplimiento. El tribunal reconoce el bajo cumplimiento de la sentencia por parte de los responsables y aun así no ha declarado el desacato que permita judicializar a los responsables del incumplimiento”, puntualizó el veedor.

Mientras el Tribunal de Riohacha continúe otorgando prorrogas, no se les puede acusar de incumplimiento

Los pozos no funcionan y sin agua el hambre es mayor 

La Veeduría denunció que de los 29 pozos profundos construidos por el Departamento de Prosperidad Social solo funcionan dos. El líquido es vital para combatir el hambre.

En unos sale el agua muy salada, otros jamás se inauguraron y otros pozos requieren mantenimiento. Piden revisar las pólizas de garantías.

En cuanto a las pilas públicas de agua no tienen cobertura universal de acuerdo a lo anunciado. Solo están cubriendo un 40.5% de la comunidad, quedando un 59,5% que no pueden acceder porque dependen de la llegada de un carro tanque y este a su vez, de que las condiciones de la vía estén en buen estado para transitar.

(También le puede interesar: Los ‘vicios’ que han impedido la recuperación de la bahía de Cartagena)

El tribunal reconoce el bajo cumplimiento de la sentencia por parte de los responsables y aun así no ha declarado el desacato que permita judicializar a los responsables del incumplimiento

Con la pandemia se agravó la situación

De acuerdo a la Veeduría la situación de derechos de los niños wayuu ha empeorado a causa de la pandemia, puesto que muchas comunidades no recibieron ayuda humanitaria y las prácticas de higiene como el lavado de manos no se pudieron realizar por falta de acceso al agua. La que consigue la gente no es potable.

“Sin agua no es posible tener medidas de bioseguridad y con la pandemia se dificultó la entrada de carro tanques con agua para abastecer las comunidades. El aislamiento en condiciones de hambre y sin acceso a alimentos aumenta la desnutrición y la pobreza”, sostiene la directora del grupo de Veeduría Ciudadana.

Así mismo, existe inexactitud en los reportes de los casos de morbimortalidad de los menores wayuu. Hasta la fecha han sido reportados 28 niños muertos en 2020, pero pueden ser muchos más por el subregistro y ausencia de acciones debido a que la pandemia congeló las salidas de campo y las verificaciones se realizan por celular.

Sin agua no es posible tener medidas de bioseguridad y con la pandemia se dificultó la entrada de carro tanques con agua para abastecer las comunidades.

Dificultades encontradas

Para la Veeduría su interés es proteger a los niños wayuu y sus comunidades en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia.

Por lo que luego de cumplirse cinco años de la sentencia realizaron un análisis minucioso de la información y la verificación en campo de sus avances. Lo que dio origen a un informe de 250 páginas que formula de manera proactiva conclusiones y recomendaciones para que se tomen medidas urgentes para lograr la estructuración y creación de un plan de acción para su cumplimiento. Dicho documento será entregado de forma oficial a todas las entidades responsables.

Entre las dificultades más serias que encontró la veeduría está la falta de información confiable y esta es utilizada como pretexto, a manera de ejemplo no se sabe de cuánto es la población existente y los datos son contradictorios, por lo que no se puede avanzar. Así mismo, falta más articulación intersectorial.

Los wayús no se sienten interpretados en esta forma de dialogar, por lo que aseguran que no han avanzado

La cultura institucional es inoperante, solo un 9% responde los derechos de petición y lo hace respondiendo generalidades y redireccionando la solicitud. A lo que se suman los cambios de funcionarios porque siempre deben comenzar de nuevo.

El dialogo genuino entre las entidades y las comunidades indígenas es inexistente.

Las reuniones son programadas de manera unilateral y hay mas afán por llenar las actas y las listas de asistencia que por llegar a acuerdos profundos.

“Los wayús no se sienten interpretados en esta forma de dialogar, por lo que aseguran que no han avanzado. Las entidades siempre se excusan en la población dispersa y en el difícil acceso, para proteger sus derechos estos problemas son para solucionarlos y no legitimar practicas que se deben erradicar”, dijo Chaparro.

(También lo invitamos a leer: ¡Atención! Playas del parque Tayrona abrirán a turistas en noviembre)

Gobiernos territoriales solicitan incorporar en su sistema de planeación de manera estructural y contundente los mandatos de la Sentencia como una oportunidad para darle foco al desarrollo regional.

Recomendaciones

Otras de las recomendaciones de la Veeduría están dirigidas a la Procuraduría y Defensoría. Le solicitan tomar medidas urgentes y vinculantes que permitan el cumplimiento de la sentencia. Realizar búsqueda activa y documentación de casos que permitan individualizar responsabilidades y abrir procesos disciplinarios.

Al Sistema general de articulación ICBF y a la Comisión Intersectorial le piden formular un plan de articulación a corto, mediano y largo plazo definiendo estrategias innovadoras y pertinentes que incluyan el uso de las nuevas tecnologías y la participación comunitaria.

En tanto al Ministerio del Interior recomiendan definir e implementar acciones de dialogo genuino entre autoridades indígenas y funcionarios públicos que incluya la formación de los participantes en procesos participativos, bilingües, interculturales con enfoque territorial.

Las entidades siempre se excusan en la población dispersa y en el difícil acceso, para proteger sus derechos estos problemas son para solucionarlos y no legitimar practicas que se deben erradicar

En lo que concierne a los gobiernos territoriales solicitan incorporar en su sistema de planeación de manera estructural y contundente los mandatos de la Sentencia como una oportunidad para darle foco al desarrollo regional.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos piden hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en el 2015 a favor de los niños wayuu y sus comunidades.

En lo que respecta a las organizaciones indígenas también deben fortalecer la definición de planes de vida colectivos y las instancias organizativas territoriales que faciliten la interlocución con entidades públicas y privadas.

Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T 302 de 2017, son: Cinep, Codacop, Defensa de Niños y Niñas Internacional, DNI; Onic, Fucai y Omaira Orduz.

Más noticias en Colombia 

En rebeldía, comerciantes de Playa Blanca abren balneario en pandemia

Lo que se sabe del asesinato de la líder ambiental Juana Perea

Eliana Mejía Ospino
Especial para EL TIEMPO
Riohacha

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *