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Sancionan a dos exgobernadores del Magdalena – Otras Ciudades – Colombia



Luego de haber proferido pliego de cargos el pasado mes de junio de 2019, la Procuraduría emitió fallo sancionatorio de 12 meses de suspensión convertidos en multa a los exgobernadores del Magdalena, Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga, por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de la Vía de la Prosperidad.

Luis Miguel Cotes, gobernador del Magdalena, en el periodo 2011-2015 fue sancionado con $107 millones y Rosa Cotes de Zúñiga en el periodo 2016-2019, con 12 salarios mínimos.

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El procurador 1 delegado para la Contratación Estatal, Camilo Orrego, emitió el fallo teniendo en cuenta varias irregularidades encontradas en el proceso de investigación que adelantó el Ministerio Público en los convenios 1266 de 2012, 649 de 2013 y el contrato de obra 617 de 2013.

El órgano de control cuestionó una posible transgresión de los investigados a los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal y de eficacia de la función administrativa, ante las deficiencias presentadas en la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo – Sitio Nuevo – Remolino y Guaimaro en Magdalena.

El ente de control cuestionó presuntas faltas técnicas en la planeación del proceso de construcción del corredor vial, que se habría realizado con estudios y diseños desactualizados, elaborados en 2008 y 2009 para ser ejecutados a partir del año 2013, sin tener en consideración la ola invernal de 2010 y 2011, que cambió las condiciones físicas de la carretera; y la utilización de un presupuesto desfasado y sin sustento, en el que se modificaron las especificaciones del material que se proponía utilizar.

A juicio de la Procuraduría, al parecer, no se cumplieron los fines del proyecto Vía de la Prosperidad, por las presuntas deficiencias en la planeación contractual, que le sería imputable al exgobernador Luis Miguel Cotes, lo que habría afectado el alcance físico del proyecto que pretendía intervenir 52.6 kilómetros de carreteable, en tres tramos.

El órgano de control consideró que la gobernadora, en su condición de ejecutora del proyecto y garante de la correcta vigilancia y ejecución del Contrato 617 de 2013, presuntamente no emprendió las acciones necesarias para que la ejecución de la obra tuviera resultados reales y efectivos, y le reprochó una presunta demora en atender la solicitud de inicio de un proceso sancionatorio y de multas al contratista Consorcio Ribera Este, teniendo en cuenta los incumplimientos que se dieron desde 2016.

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Roger Urieles
Para EL TIEMPO Santa Marta
@rogeruv

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