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Luis Alberto Monsalvo Gnecco fue absuelto – Otras Ciudades – Colombia



La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió en segunda instancia al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, del delito de corrupción al sufragante.

Tras esta decisión, el mandatario queda en libertad y se espera que regrese a ejercer su cargo para el cual fue reelegido durante el periodo 2018-2022.

En segunda instancia, la Sala de Casación Penal no encontró delito en la actuación del mandatario cuando, en el año 2011 en condición de candidato a la Gobernación, suscribió un compromiso electoral con familias desplazadas del asentamiento Tierra Prometida en Valledupar, a cambio de que le dieran su voto.

“Analizados los hechos demostrados, así como también los elementos constitutivos del tipo penal de corrupción al sufragante (Art. 390 C.P.), la Corte concluyó que el demostrado comportamiento de Luis Alberto Monsalvo Gnecco no se adecúa a los elementos constitutivos del tipo penal juzgado, además de no constituir tal actuación, vulneración al bien jurídico tutelado de la libre participación democrática”, consigna la providencia.

Para la Sala, no puede tenerse como indebido o ilegal el documento suscrito por Monsalvo Gnecco y representantes de las 800 familias de desplazados, pues allí, de ser elegido gobernador y a cambio de su voto a favor de él, se comprometía a acatar sentencias judiciales que ampararon los derechos a una vivienda digna de los ocupantes del sector.

El fallo anterior fue emitido el pasado 27 de julio por este mismo tribunal, Monsalvo fue condenado a cinco años de cárcel por el delito de corrupción electoral durante la campaña de 2011.

En este contexto, el presidente Iván Duque suspendió del cargo a Monsalvo Gnecco y designó al secretario de Agricultura departamental, Wilson Solano, como gobernador encargado.

Más argumentos del fallo

Sostiene la sentencia de segunda instancia, que la promesa realizada por el procesado no estaba compuesta por el solo compromiso de mantenerlos “quietos y pasivamente” en el predio, sino que estaba acompañada de otras cláusulas, relativas a la inclusión en planes de vivienda y respeto a las decisiones de los jueces de tutela.

La comunidad pretendía obtener, por parte de los entes estatales, una solución de vivienda digna, sin importar el lugar, atendiendo su condición de extrema vulnerabilidad y la especial protección constitucional de que era objeto.

Según la Sala de Casación Penal, esta lectura de los hechos lo que deja ver es la crudeza de una problemática social en la que, incluso, se demostró que fueron los miembros de la comunidad de Tierra Prometida quienes buscaron al candidato y le expusieron sus necesidades.

En estos términos, al no encontrar demostrado el delito de corrupción al sufragante, la Corte resolvió a favor del gobernador Monsalvo Gnecco el recurso de apelación contra la sentencia de su Sala Especial de Primera Instancia.

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