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El Cauca y su lucha por salir del laberinto de la violencia – Otras Ciudades – Colombia



A la indígena Hermelinda Dauquí se le acelera el corazón cuando ve a esos desconocidos en motos que no dejan de acecharla desde que presenció la masacre de su compañera de luchas por estas comunidades del norte del Cauca, Cristina Bautista, y de cuatro guardias nasas.

Los extraños la han venido siguiendo, subiendo y bajando por las estrechas calles de Tacueyó, uno de los tres resguardos nasas del municipio de Toribío, donde viven 30.000 personas, la mayoría indígenas.

“Uno siente miedo a la muerte. Lo vivimos a diario. Se siente que está allí”, dice esta líder nasa, que era como Cristina, una ‘neehwesx’, la máxima autoridad indígena de esta región.

Hermelinda repite que la han venido persiguiendo. “No sabemos en el camino qué nos vamos a encontrar cuando salimos a la calle”, asegura Hermelinda, quien apura el paso cada vez que ve a estos hombres por los caminos empinados, algunos pavimentados y otros de herradura sobre el flanco occidental de la cordillera Central, entre cultivos de plátanos, yuca y marihuana.

La líder nasa no tiene escolta ni protección. Asegura que no ha visto diligencia alguna de parte del Estado para protegerla, ni siquiera para retirar la camioneta de latas quemadas en la que se movilizaba la ‘neehwesx’ Cristina cuando fue asesinada.

El carro fue incinerado, quizás, por los autores de la masacre de ese 29 de octubre, y quedó allí como un recordatorio para estas comunidades de lo que ocurrió ese día, cuando Cristina fue acribillada a balazos mientras iba rumbo a su vivienda en la vereda La Capilla por defender a dos secuestrados de un grupo armado.

“Caminamos solos. Uno mismo tiene que defenderse. Como indígenas, siempre nos ha tocado así”, dice Hermelinda, madre de cinco hijos. Ella asegura que tiene que pasar las noches en casas diferentes, ya sea de familiares o de allegados, para que los desconocidos no la alcancen.

El temor no es solo en Toribío, sino que se extiende por los 15.000 kilómetros cuadrados en donde se encuentran Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Suárez, Jambaló, Buenos Aires, Morales, Caldono, Cajibío, Piendamó, Caloto, Páez y Miranda.

Pobladores de esta zona del norte del Cauca, donde viven 130.000 nasas, dicen que los 300 crímenes que han ocurrido en la región este año –según el Instituto Nacional de Medicina Legal– les recuerdan los peores años de su historia, cuando quedaron en medio del conflicto con las antiguas Farc, un enfrentamiento que en 30 años dejó centenares de víctimas, 400 hostigamientos y unas 100 tomas.

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Habitantes del casco urbano de Toribío dicen que, incluso, desde hace dos meses suelen escuchar, como en el pasado, disparos desde las montañas que rodea todo el pueblo.

Cuentan que tras los acuerdos de paz entre el pasado gobierno y las Farc vivieron meses de tranquilidad, pero que con la lentitud en los procesos de sustitución de cultivos ilícitos y el regreso de algunos guerrilleros a las armas esa ilusión se fue diluyendo.

La desilusión llegó al punto que de los 250 murales que artistas pintaron hace tres años con mensajes de paz en las fachadas de Toribío no quedan más de 10, pese a que atraían el turismo, porque los dueños de las casas decidieron borrarlos ante la tristeza de ver que ya nadie venía por las noticias del regreso de la violencia. Pintaron, de nuevo, sus viviendas, pero en algunas quedan los agujeros de las balas.

Nebes Fernando Goiqué, otro de los líderes indígenas y quien también fue testigo de la masacre de Cristina, recalca que el recrudecimiento de la violencia se debe en parte a las disidencias de las Farc, la ‘Jaime Martínez’, bajo el mando de ‘Mayimbú’, y la ‘Dagoberto Ramos’, pero, en especial, a los grupos paramilitares que están aliados con fuerzas del narcotráfico.

Eduin Capaz, coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), reitera que los indígenas siguen siendo perseguidos porque el norte del Cauca se consolida cada vez más como un corredor estratégico de esta zona hacia el interior del país y hacia el Pacífico para la producción, la distribución y la comercialización de droga y armamento de los alzados en armas.

Otros voceros de Acin anotan que aunque perciben más presencia del Ejército en las zonas rurales y se ha anunciado la llegada de 2.500 militares de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 4 para completar más de 10.000 soldados, en el departamento “todo sigue igual”.

“Los soldados están en los sitios críticos, saben dónde están los cultivos de coca, dónde están los grupos armados, pero parece que no pasa nada. Aquí no sabemos quién es quién y quién cruza la línea de lo legal a lo ilegal”, dicen. Esta posición es rechazada por el Ministerio de Defensa y la Policía.

Solo en Corinto, Toribío y Miranda hay más de 100.000 hectáreas de marihuana, mientras que en zona rural de Suárez hay otras 100.000 de coca, según la asociación indígena.

Los ataques en Suárez

En Suárez, población con predominio afrodescendiente y con tradición minera, la ola de muertes golpeó este año no solo a los líderes sociales, sino también a los políticos.

El indígena Enrique Cuetio, que ha recibido más de 40 amenazas de muerte, es el gobernador del único resguardo en este municipio con 5.000 aborígenes, el resguardo Cerro Tijeras.

Cuetio cuenta que estas amenazas aumentaron el 1.º de septiembre, cuando halló en un paraje rural los cuerpos de la líder y excandidata a la alcaldía Karina García y de cinco personas que la acompañaban en una camioneta, que fue atacada con ráfagas de fusil y granadas, y luego incinerada.

El gobernador, que fue quien alertó de estos asesinatos, anota que desde entonces no puede quedarse en su casa de Suárez todo el tiempo y vive errante por los pueblos de la región, y ahora más desde que el alcalde electo de Suárez, Rónal Villegas, denunció nuevas amenazas de muerte.

El secretario de Gobierno de Suárez, Milciades Vergara, señala que la situación sigue creando zozobra, pero resalta las acciones que han permitido el control de la minería ilegal de oro que, según la Defensoría del Pueblo, también ha sido otro factor de asesinatos y desapariciones en el norte de este departamento. Allí, el municipio de calles empinadas y estrechas, y donde el parque está repleto de motocicletas por ser el principal medio de transporte para esta población, quieren olvidar esa violencia con los adornos de Navidad que cuelgan de los árboles a pocos metros de su vecino, el río Cauca.

Con las masacres de Karina y de otros líderes, se contaron 27 homicidios hasta el 5 de diciembre en Suárez.

El carro en el que se desplazaba la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, fue encontrado en Betulia tras ser baleado e incinerado.

Foto:

Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La violencia ha llegado al punto que afecta las pocas inversiones que llegan la zona. Cuetio busca lograr con la comunidad de la zona rural de La Betulia que grupos armados ilegales desistan de cualquier intención de secuestrar o de atentar en contra de ingenieros que realizarán la pavimentación de 10 kilómetros, obra de 25.000 millones de pesos que está paralizada desde hace seis meses.

Estos ingenieros y otros operarios temen correr igual suerte que la de cuatro personas de un equipo de topografía, asesinadas el 31 de octubre, cuando se desplazaban entre El Palo (zona rural de Caloto) y Corinto, o la de dos funcionarios desaparecidos desde el 7 de diciembre, en Páez, por instalar redes de internet en un proyecto del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

En cuanto a Corinto, donde en 10 meses hubo 41 homicidios, los combates entre el Ejército y las disidencias no tuvieron tregua este diciembre.

En esta población, el solwesx o cacique Wílmer Fiscué dice que lleva más de una docena de amenazas y las más recientes tienen que ver con el control que ejerció al llevar a la cárcel de Popayán a dos presuntos miembros del Eln y a ocho disidentes de las Farc.

Fiscué indica que la participación en política de los indígenas –que se ha venido abriendo su camino en Corinto– es otro detonante de las persecuciones, pues ya quedaron de segundos en las elecciones pasadas a la alcaldía y quieren alcanzar la gobernación del Cauca o la presidencia de la república. “No dejarán llegar a un indígena a la Casa de Nariño, lo matan”, dicen en la Acin.

Aquí no sabemos quién es quién y quién cruza la línea de lo legal a lo ilegal

Ese mismo miedo se siente entre la población de Santander de Quilichao, con más de 100.000 habitantes y un centenar de homicidios este año, el mayor número en el norte del Cauca.

Este poblado no se repone del ataque con cilindros contra la estación de Policía, el 22 de noviembre, que dejó tres uniformados muertos y 10 heridos, como una menor de 15 años que sigue grave.

Los líderes de la Acin y de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) reafirman que todas estas muertes se deben al control que ellos hacen con la guardia indígena en los territorios caucanos y aseguran que seguirá con retenes a punta de guaduas en las principales entradas de municipios, como Toribío o Caloto, donde requisan a quienes consideran sospechosos de llevar drogas o armas.

“Nosotros seguiremos trabajando por nuestras comunidades. Nuestros compañeros dieron sus vidas y nosotros rendimos tributo a ese sacrificio”, dice la ‘neehwesx’ Hermelinda, a pesar de mirar de un lado a otro por si la están siguiendo.

CAROLINA BOHÓRQUEZ
Enviada especial de EL TIEMPO
Norte del Cauca

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